Economía - Criptomonedas

Los impuestos que deben pagar los negocios digitales

Las exchange locales de Criptomonedas en desventaja respecto a las de otros países, por los impuestos que el gobierno le puso a ese tipo de operaciones.

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La competencia por retener al inversor es cada vez mayor para los exchange locales de criptomonedas por el peso de los impuestos de Argentina.

Las operaciones con criptomonedas fueron gravadas por el Gobierno con el impuesto al cheque. De este modo, ahora también se encarece una forma de ahorro elegida por los argentinos en forma masiva para evitar el cepo al dólar. Expertos afirman que la medida hunde a los exchange argentinos frente a los extranjeros y que va a alentar más las operaciones P2P.

No obstante, en diálogo con iProUP, desde Let’sBit lo relativizan, señalando que muchas empresas que operan con criptomonedas ya están pagando impuesto al cheque y que esta nueva norma es sólo para los exchange que estén organizados como PSP.

Para Alejandro Altmark, de Blockant Consulting, «si bien aún falta la reglamentación, como pasa con las fintech, todos los exchanges terminarán siendo agentes de retención de impuestos». Añade que «es una norma que solo aplica bajo la jurisdicción Argentina, ya que los exchanges grandes no están en el país», por lo que estima que tendrá bajo impacto.

Sin embargo, ya se han registrado más de 2 millones de cuentas para operar con criptomonedas en el país, que son las que pueden verse afectadas. «Quién opera con exchanges locales sabe que debe estar en regla impositivamente y que puede usar la retención a cuenta de Impuesto a las Ganancias. Obviamente, debe pagar impuestos», subraya Altmark.

Como la retención se hace de forma anticipada sobre base presunta, en un país inflacionario es una gran desventaja y estimula a que cada vez menos exchanges operen en Argentina», subraya.

«Lamentablemente es más de lo mismo: impuestos, impuestos, impuestos. Particularmente en este caso, es el más absurdo de todos: un impuesto a la transferencia bancaria no existe en ningún lado y desalienta por completo la bancarización», enfatizó Matías Bari, CEO y fundador de local Satoshitango.

El decreto de la discordia

Un nuevo decreto especifica: «Las exenciones del impuesto al cheque previstas por normativa no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares».

Esas exenciones se refieren a los siguientes agentes económicos:

– ALyC (agentes de Bolsa que operan en contado con liquidación para obtener los dólares con los que se compran los Bitcoin en algunos casos)

– Casas y agencias de cambio (incluye a los exchange)

– Empresas de servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros

– Cuentas para la administración y operatoria de transferencias a través del uso de dispositivos de comunicación móviles y/o cualquier otro soporte electrónico, entre otras.

La tasa general del impuesto al cheque es del 0,6% sobre los débitos y 0,6% sobre los créditos. Se prevé la aplicación del doble de dicha tasa (0,12%) para casos de giros y transferencias no operados por intermedio de una cuenta corriente bancaria, así como otros movimientos de fondos, incluso en efectivo.

La voz de los exchange

Alejandro Rothamel, director de Legales de Ripio, afirma a iProUP que «por el Decreto 796/2021, el Poder Ejecutivo establece que las exenciones al impuesto sobre débitos y créditos (conocido como «impuesto al cheque») que caben a los proveedores de servicios de pago o PSP -es decir, a la mayoría de las fintech- ya no van a regir más sobre las cuentas recaudadoras de billeteras virtuales que operan con criptoactivos».

«Con base en las disposiciones que surjan a partir de este decreto, cada plataforma deberá decidir cómo este impuesto se verá reflejado en las comisiones de sus productos», adelanta. Y añade que la medida «no limita la compra y venta de criptoactivos en el país a través de plataformas como Ripio, que operan en regla llevando adelante procedimientos de cumplimiento desde el inicio».

Desde Buenbit adelantan a iProUP: «Estamos estudiando la norma y analizando el impacto. Todavía no se reglamentó el decreto, por lo que no podemos saber la forma de aplicación que tendrá. En cualquier caso, haremos lo posible para cuidar a nuestros usuarios y que no les impacte negativamente».

En tanto, desde Lemon Cash expresan a iProUP: «El decreto llegó de sorpresa, no era algo que se viniera barajando. Por eso es necesario una regulación cripto, para darle más seguridad a los usuarios y tener reglas claras y previsibles en toda la operatoria con criptomonedas».

«Por el momento, este decreto no afectará a los usuarios de Lemon, por lo tanto no habrá un aumento de las comisiones», indican desde el exchange local.

Alcance de la nueva carga

El experto Juan Manuel Scarso coincide en señalar que la medida «sólo afecta a exchanges locales, ya que apunta a gravar los movimientos de fondos en cuentas bancarias y cuentas de pago  en el país, que son quienes aplican estas normas», asegura.

«La ley define como agentes de percepción a los bancos y a quienes realicen el movimiento o entrega de los fondos». En este caso, hay una persona X que transfiere fondos a una cuenta regulada por normas extranjeras. La billetera cripto extranjera no tiene obligación de aplicar las normas del impuesto al cheque, ya que no está regulada por normas del BCRA», sostiene.

Sin embargo, la obligación de tributar subsiste y «recaería sobre el propio comprador de las cripto, que es quien hace el movimiento de fondos. Debería depositarlo con un Volante Electrónico de Pago (VEP) al momento del pago al exchange extranjero», asegura Scarso. Esta posibilidad, como a nadie se le escapa, es mucho más difícil de fiscalizar para la AFIP.

¿Dónde estás exchange?

Si bien la mayoría de los grandes exchange en criptomoneda argentinos están constituidos en el país como SRL o SA, también los hay radicados en el exterior. Algunos ejemplos son:

Exchanges locales

 • Lemon Cash, que acaba de lanzar la primera tarjeta VISA fondeada en cripto es KUKU SRL

• Belo Cash SA

• Sesocio (Aloca SA)

• Ripio (Moonbird SRL)

Exchange radicados afuera

 • Buenbit es Fiat Flow Solutions Ltd, sociedad constituida en Londres, Reino Unido

• Bitex es Bitex International CV, una sociedad constituida bajo las leyes de los Países Bajos y establecida en Curaçao.

El abogado Ismael Lofeudo considera que la nueva carga del impuesto al cheque «afecta sólo a los exchange locales, porque en materia tributaria la potestad del Estado para gravar actividades se limita a lo que pasa dentro de su territorio. Si los exchange son empresas radicadas en el exterior, no están sometidos a las regulaciones de AFIP ni de la Argentina».

Pero siempre se necesita una cuenta bancaria para recibir los pesos y acreditarlos en billeteras. La empresa que recibe los pesos suele ser un PSP o una cuenta que abre una firma local distinta a la del exchange de afuera. Luego se concilian los saldos. El usuario arma la cuenta en el exchange y los saldos en pesos reflejan lo que se recibe a su nombre en la cuenta bancaria local.

Sin embargo, «en todos esos casos, el PSP o la empresa local deberán retener el impuesto al cheque, aunque no sea un exchange ni un banco», aclara el experto.

La situación de los P2P

Según Altmark, la aplicación del impuesto al cheque a las operaciones con criptomonedas «no afecta a operaciones P2P, ya que no hay un tercer intermediario involucrado».

Las que se mantienen exentas son las cajas de ahorro de personas físicas. Por eso, para algunos expertos, como Sebastián M. Domínguez, de SDC Consultores, se verán incentivadas las operaciones P2P con criptomonedas, donde se transfiere de una cuenta cualquiera a la caja de ahorro de una persona física, que es la que compra las criptomonedas en un exchange del exterior.

«La medida perjudica más a los exchanges locales que a los inversores, ya que éstos pueden optar por realizar operaciones de compraventa mediante la modalidad P2P y, de esta forma, evitar el impuesto», afirma Ignacio Morales, analista financiero de Wise Capital.

En cambio, para Norberto Saraceni, socio de la consultora Baker Tilly, «los principales afectados serán los contribuyentes particulares o inversores minoristas quienes, por temor o desconocimiento no compran sus criptoactivos en el mercado P2P. Utilizan plataformas locales o internacionales que vieron potencial en el mercado argentino y que permiten ingresar y retirar fondos en pesos», enfatiza.

«El efecto inmediato es que los inversores tratarán de mudarse al mercado P2P o investigarán el uso de plataformas que no estén alcanzadas por las regulaciones en Argentina», advierte.

Desde Shatoshitango, Bari pone en duda que la operación P2P pueda reemplazar a los exchange: «Nosotros procesamos decenas de millones de pesos diarios. Y como persona física no es posible enviar al exterior dinero que supere la capacidad contributiva».

Incluso, relativiza que los compradores de criptomonedas puedan zafar del gravamen comprando a exchange extranjeros: «No podes usar una cuenta bancaria local para comprar afuera. La plata que tenes en el banco, la tenes en el banco», remarca.

«Al día de hoy, no hay una ley general sobre criptomonedas en Argentina. El BCRA, en su función de vigilancia de los sistemas de pago y valores que operan en el país, solicitó información a los bancos que prestan servicio a las plataformas de compra y venta de criptoactivos», advierte Rothamel, de Ripio.

Y añade: «este pedido indica que la entidad está evaluando una futura regulación, al igual que sus contrapartes en otros países, pero hasta el momento no trascendió más información al respecto. Los únicos organismos que solicitan información similar desde 2019 son la AFIP y ocasionalmente la UIF».

Altmark concluye con un dato positivo: «Si bien la medida puede desalentar el uso de criptomonedas, al mismo tiempo implícitamente reconoce que es un medio de cobro y pago en el país».

Fuente: iProup

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Política y Economía

La Costa fortalece líneas de servicios de junto al Banco Provincia

El intendente Juan de Jesús recibió a las nuevas autoridades zonales del Banco Provincia, dispuestas luego de la creación de una sucursal en Dolores, que busca operar con mayor cercanía en los municipios de la región. En este marco, el Jefe Comunal mantuvo un encuentro de trabajo con el nuevo gerente zonal, Luis Duce, y con responsables de distintas áreas de la entidad.

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Durante la reunión se planificaron importantes acciones de cara a la temporada de verano, como la incorporación de cajeros automáticos y la posibilidad de acceso a créditos destinados a prestadores turísticos, que los impulsen en sus distintas actividades y servicios. En este mismo sentido, se dialogó sobre el funcionamiento de Cuenta DNI y la viabilidad de extender sus beneficios a diversos rubros.

Además, pensando en el mejoramiento de los espacios públicos y las prestaciones a la comunidad, se analizaron líneas de leasing que faciliten la adquisición de maquinaria vial y vehículos para la salud por parte del Municipio.

En la reunión también participó el subgerente zonal de Dolores, Fabián Maldonado; el subgerente de Santa Teresita, Rodrigo Durante; los responsables de las áreas de Finanzas y Sector Público, Ramiro Echaniz García y Patricio Giacomini, respectivamente; y la secretaria municipal de Hacienda, Economía y Planificación Económica, Elizabeth Betch.

“Fue un encuentro muy cordial y ameno. Nos permitió trabajar en un montón de aspectos en los que el Banco puede colaborar y acompañar al Municipio y su comunidad”, destacó Duce luego de la reunión que se desarrolló en el Palacio Municipal.

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La Provincia

La Provincia cambiará el sistema de multas en medio de las denuncias de corrupción

El Gobierno bonaerense busca implementar un nuevo sistema para gestionar las multas. Estará listo antes de fin de año.

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En medio de una investigación judicial vinculada a los “saca-multas”, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires avanzará antes de fin de año con un nuevo sistema de multas vinculadas al Código de Transito bonaerense.

El anuncio estuvo a cargo del titular del área, Jorge D’Onofrio, quien explicó las dificultades que lo llevaron a impulsar estos cambios que, según dijo, estarían en funcionamiento hacia diciembre.

“El grave problema que tenemos con este sistema es que no tiene posibilidades de autodepurarse ni de controlar algunas cuestiones que nosotros queremos que queden mucho más transparentadas”, dijo.

Actualmente, hay 32,6 millones de infracciones de tránsito en stock. Algunas datan del año 2009, año del que es el actual régimen. “Estamos al límite de las capacidades”, reconoció en conferencia de prensa.

“El sistema no se puede autodepurar para transparentarlo”, señaló D’Onofrio, e hizo referencia que hay alrededor de 32.600.000 multas en stock. En ese sentido, dijo que existen tres posibilidades: que se condene a un conductor a pagarla, que se lo absuelva y que quede en stock de manera indefinida.

En este escenario, el objetivo es desarrollar “un nuevo sistema de juzgamiento” que les permita “incrementar la productividad y la transparencia”. Según contó el ministro, hoy en día se procesan entre 500.000 y 600.000 multas por mes, pero la idea es aumentar ese número.

Investigación judicial en marcha

El cambio que impulsa el Gobierno de Axel Kicillof se da en medio de una causa que investiga la Justicia por el accionar de una supuesta organización de corrupción integrada por funcionarios, abogados y gestores que involucra a Transporte por la obtención de ganancias indebidas en la reducción y eliminación ilegal de multas de tránsito.

El supuesto modus operandi que investiga fiscal penal de La PlataÁlvaro Garganta era captar a automovilistas con multas y ofrecerles una reducción de un 50% en la infracción. “Ingresaban al sistema, reducían la multa a la mitad y en tiempo muy breve al deudor se le imponían penas muy pequeñas. La diferencia de esa ganancia se sospecha que era repartida por los gestores hacia distintos funcionarios que hacían el trabajo de condenar a penas mínimas a los infractores”, señaló el fiscal.

En este contexto, el Ministerio se presentó ante la Justicia como querellante en la causa, y hoy en conferencia D’Onofrio aclaró que no existe “ningún borrado de multas en la provincia”. Además, ejemplificó que año tras años creció el número de multas y la recaudación. “Mientras que durante 2022 se recaudaron 14 mil millones de pesos, en lo que va de este año ya van 67 mil millones”, señaló. Y destacó que de 1.100.000 multas cobradas en 2022, se pasó a 1.500.000 un año más tarde y estimó que este 2024 terminará en torno a 1.800.000.

También, el ministro dijo que pretenden controlar mejor los destinos del dinero recaudado por el pago de las infracciones. Para esto firmaron un convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para que las facultades de económicas y de informática pongan en marcha un sistema de “auditoría permanente”.

Fuente . Agencia DIB

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Política y Economía

Se suspende la presencialidad que realizan los dirigentes piqueteros

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Éstos ya no van a poder dar de baja el plan a quien no asista a las marchas.  Y confirmó que “el que corta no cobra”.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, ratificó el anuncio hecho por Economía respecto del aumento en las AUH y en la Tarjeta Alimentar. Dicha Tarjeta pagará a Familias con un hijo: $33.000; a Familias con dos hijos: $51.750 y a Familias con tres hijos: $68.250, lo que equivale a un incremento del 50% del monto anterior. También confirmó el bono de $10.000 para los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

Respecto de los cortes de calles, a través de un mensaje grabado, Pettovello señaló: “Si bien es un derecho manifestarse también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el ministerio de Capital Humano”.

Y agregó: «Por otra parte, creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de darles de baja el plan. Por esta razón suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan».

Sobre las madres que asisten a las marchas con sus hijos, destacó: «Es innecesario exponerse al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente, el que corta no cobra», enfatizó.

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