Multitudinario rechazo a la reforma de la Constitución Provincial. Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy fue aprobada y jurada por la Legislatura con el apoyo de un sector del peronismo local. El punto de discusión está en los artículos 36, 50 y 67 que regula los derechos de las comunidades originarias, defiende la propiedad privada y prohíbe los cortes de ruta.
Dichas modificaciones desataron una reacción violenta por parte de los sectores que se sintieron afectados. La policía jujeña se constituyó en la única fuerza de represión de las manifestaciones que se dieron en distintos ámbitos de la provincia.
La protesta se profundizó y hubo más de 4 horas de enfrentamientos, con epicentro en San Salvador de Jujuy. El resultado hasta el momento ha sido de más de 40 heridos y una veintena de presos.
Gerardo Morales twiteó: «Hago responsable al presidente de Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy».
El gobierno nacional, por su parte, responsabilizó a Morales por la represión y exigieron un «cese inmediato de la represión». «Pare con la locura represiva que su propio accionar desató», dijo la vicepresidenta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado planteó que “observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy en Argentina, una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida. Se urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social. La CIDH seguirá monitoreando de cerca el uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones que puedan surgir”.
