Miguela Lucía PortalesEl Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, realizado en la provincia de Buenos Aires con la presencia del ministro Nicolás Kreplak, presentó un panorama sombrío basado en el informe federal de 2025. Los números exponen una crisis sanitaria sin precedentes en el país:
Internaciones: Aumentaron un 77%.
Demanda ambulatoria: Creció un 134%.
Contexto social: La Iglesia y las autoridades provinciales coinciden en que el ajuste económico y la desigualdad han disparado los padecimientos y la problemática del suicidio.
El punto de mayor tensión fue el análisis del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso este último fin de semana. Representantes de 18 provincias (desde Tierra del Fuego hasta Jujuy) expresaron un "enérgico rechazo" a la iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación, argumentando tres ejes principales:
Falta de consulta: Denunciaron que ninguna provincia fue convocada para la elaboración del proyecto, rompiendo los principios del federalismo sanitario.
Desfinanciamiento: La reforma elimina fuentes de recursos esenciales para los tratamientos.
Barreras de acceso: El nuevo texto dificultaría la atención en situaciones de urgencia e internación, desarticulando el modelo comunitario actual.
"Cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual", advirtieron en el documento final.
Ante la inminente presentación del proyecto este lunes en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa), las provincias exigieron la reactivación inmediata del COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones) para que el debate sea colectivo y no una imposición unilateral de la Casa Rosada.
En paralelo, los secretarios de salud de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires ratificaron un esquema de trabajo articulado para enfrentar la alta incidencia de consumos problemáticos y trastornos mentales en sus territorios. Este acuerdo busca blindar las políticas locales frente a lo que consideran un escenario nacional de desprotección.
Análisis de datos: El informe presentado destaca que los impactos en salud mental son de largo plazo, por lo que las jurisdicciones acordaron impulsar estudios epidemiológicos junto a universidades nacionales para guiar las prácticas de urgencia, especialmente en infancias y juventudes.
