Miguela Lucía PortalesLa intención del Ejecutivo es dar marcha atrás con la ampliación que se hizo en 2021. Esto significa:
Reducir el alcance: Actualmente, el beneficio llega a unos 4 millones de hogares en 15 provincias. El Gobierno busca que el subsidio vuelva a limitarse solo a la Patagonia, la Puna y Malargüe (el esquema original que cubría a unos 850.000 hogares).
Impacto en Buenos Aires: Es una de las provincias más afectadas, ya que cerca de 90 municipios bonaerenses perderían los descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas.
Existen tres razones principales que maneja la administración de Javier Milei:
Déficit Cero: El Gobierno argumenta que el Fondo Fiduciario que financia estos descuentos genera una distorsión en los precios y afecta las metas fiscales. Recientemente (hace 6 días), se amplió por decreto el tope del recargo que financia este fondo, lo que anticipa un encarecimiento indirecto para quienes no gozan del beneficio.
Precios Internacionales: La volatilidad en los costos de la energía presiona al sistema local, y el Ejecutivo busca alinear el precio pagado por el consumidor con el "costo real".
Subsidios Focalizados: Desde el oficialismo sostienen que el subsidio geográfico es "indiscriminado". La idea es reemplazarlo por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que asigna ayuda según el nivel de ingresos y no por dónde vivas.
Aunque el recorte fue rechazado previamente en el Congreso dentro del debate del Presupuesto, el Ministerio de Economía está terminando de pulir un nuevo proyecto de ley para enviarlo en las próximas semanas. Este texto buscaría facultades para que el Ejecutivo pueda modificar o eliminar fondos fiduciarios energéticos de manera directa.
Si vivís en una de las zonas añadidas en 2021 (como gran parte de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Mendoza), el riesgo es un aumento automático en el valor del gas, ya que al quitarse el beneficio de Zona Fría, pasarías a pagar la tarifa plena o según tu categoría en el sistema SEF.
Qué es la Zona Fría
Para entender cómo funciona la Zona Fría, hay que remontarse al régimen creado en 2002, que abarcaba a 850.000 hogares y se autofinanciaba a partir de un recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que pagaban el resto de los usuarios del país.
Sin embargo, en 2021 el entonces gobierno de Alberto Fernández amplió el régimen a más de 4 millones de beneficiarios. En los hechos, la mitad de los usuarios del servicio de gas natural del país pasaron a recibir el subsidio, entre los que están los municipios de la provincia de Buenos Aires.
Esa ampliación, que garantiza descuentos de 30% para la mayoría de los hogares y 50% para jubilados, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes, llega a más de 1,2 millones de usuarios bonaerenses. Para financiar la incorporación de hogares se ajustó el sobre el porcentaje que se paga sobre precio del gas en el PIST. Esa cifra puede alcanzar hoy el 11,25% y la abonan todos los usuarios del país.
Si el Gobierno insiste con lo que buscó aprobar cuando presentó el Presupuesto 2026, se volvería a un esquema similar al original creado en 2002 mediante la ley 25.565, que incluye a 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, es decir eliminando las ciudades de la provincia que habían quedado comprendidas. Y esa quita impactaría fuertemente en las tarifas de gas.
