Miguela Lucía PortalesUn impresionante megaoperativo contra la explotación sexual infantil sacudió a la provincia de Buenos Aires. Bajo el nombre de “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, se desplegaron 121 allanamientos coordinados y simultáneos en 76 localidades bonaerenses, afectando de forma directa a diversos distritos del Departamento Judicial Dolores.
La masiva e histórica acción judicial tuvo como objetivo principal desarticular redes de ciberpedofilia, grooming, tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, conducida por Julio Conte-Grand, junto con fiscales especializados.
Los procedimientos alcanzaron delitos previstos en los artículos 128 y 131 del Código Penal, orientados a frenar el acoso en línea y la circulación de contenidos ilegales. La investigación se inició sobre un total de 138 objetivos, derivando en las órdenes de registro para domicilios clave en múltiples jurisdicciones, entre las que se destaca la región judicial de Dolores junto a Mar del Plata, Azul, Quilmes y San Isidro, entre otras.
Ocho fiscalías especializadas funcionaron como nodos de detección criminal a lo largo de la provincia. La magnitud del caso requirió la intervención en simultáneo de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina y divisiones dedicadas a delitos informáticos.
Como resultado global de la operación, se investigó a 111 personas (106 hombres y cinco mujeres) con edades de entre 15 y 75 años. Los peritos detectaron de forma alarmante que seis de los involucrados trabajan en contacto directo con niños, niñas o adolescentes. Además, uno de los domicilios allanados corresponde a una unidad carcelaria, donde los sospechosos ya purgaban penas por delitos sexuales previos.
El saldo técnico y de protección del megaoperativo arrojó números contundentes:
Dispositivos incautados: 80 computadoras, 160 soportes de almacenamiento digital y 165 teléfonos celulares.
Armamento: Se secuestraron dos armas de fuego en los domicilios.
Menores protegidos: Se identificaron 37 menores de edad que convivían de forma directa con los sospechosos de la red.
Víctimas directas: Los investigadores lograron detectar y poner a resguardo a cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil.
