Gustavo SosaEl tejido comercial y productivo de la Quinta Sección no es ajeno a la crisis nacional. Mientras el debate económico en el Congreso se concentra en el avance del denominado "Súper-RIGI", que obtuvo dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, las pequeñas y medianas empresas de la región miran con alarmante expectativa la declaración de su propia emergencia. Los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) explican la urgencia: el 98% de las empresas que cerraron en el último tiempo tenían hasta 25 empleados, afectando de lleno a la estructura comercial típica de nuestras localidades costeras.
Desde el inicio de la actual gestión nacional hasta marzo de 2026, un total de 26.448 empresas registradas como empleadores se dieron de baja en todo el país. Esto representa un promedio devastador de 31 empresas por día que dejaron de operar, encadenando 18 meses consecutivos de caída y reduciendo el parque empresarial un 5,2%.
Las microempresas, aquellas que sostienen la economía diaria en municipios turísticos y estacionales como el Partido de La Costa, se llevan la peor parte debido a su falta de espalda financiera para resistir la licuación del consumo y el aumento de los costos fijos.
Frente a este escenario, avanza en el Congreso una iniciativa clave con una duración de un año que busca otorgar un salvavidas urgente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre los puntos más destacados que beneficiarían al comercio local, el proyecto contempla una reducción del 50% en las tarifas de electricidad, gas y agua, junto con una rebaja del 50% en los aportes patronales para aliviar el costo laboral.
Asimismo, se prevé una moratoria especial para deudas impositivas, previsionales y aduaneras con AFIP, que incluirá la quita de intereses y multas, sumado a la suspensión total de embargos y ejecuciones fiscales. Para incentivar el alicaído consumo en los mostradores, se propone además la devolución del IVA a los consumidores finales.
La Ley de Emergencia también contempla la exención del impuesto a los débitos y créditos bancarios (el denominado impuesto al cheque) y la creación de líneas de financiamiento bancario con tasas especiales bonificadas para capital de trabajo.
Como contrapartida fundamental para proteger el empleo en las comunidades locales, todas las empresas que accedan a este paquete de beneficios fiscales y tarifarios deberán firmar un compromiso explícito de no reducir su plantilla de trabajadores durante el período de vigencia de la emergencia.
Fuente: NewsDigital
