Leandro German SosaLa expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sacudió el escenario político nacional e internacional al confirmar una drástica reconfiguración en su equipo de defensa legal. Con el objetivo central de revertir las condenas por la denominada Causa Vialidad, la exmandataria incorporó a los reconocidos juristas internacionales Rafael Valim y Javier Borrego, con miras a formalizar una presentación inminente ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
La decisión generó fuertes repercusiones políticas en toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo al Partido de La Costa y la Quinta Sección Electoral, donde las distintas terminales del peronismo local siguen de cerca el devenir judicial de la exvicepresidenta. La estrategia jurídica apunta fundamentalmente a dejar sin efecto los dos componentes centrales del fallo en su contra: la pena de prisión y, de manera crucial para su futuro político, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La elección del brasileño Rafael Valim no es casual. Se trata de un abogado de máxima confianza del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialista en la doctrina del Lawfare (guerra jurídica) y parte activa del equipo que defendió al mandatario del país vecino durante la histórica causa Lava Jato. El principal antecedente que entusiasma al entorno del Instituto Patria es el dictamen favorable que la propia ONU emitió años atrás en favor de Lula, al determinar que sus derechos civiles y políticos habían sido violados por el entonces juez Sergio Moro.
Si bien en el caso brasileño la resolución internacional de Naciones Unidas llegó casi un año después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anulara las penas por defectos de jurisdicción, aquella intervención sirvió para otorgar visibilidad y legitimidad mundial al reclamo. Cerca de Cristina Kirchner reconocen abiertamente que el litigio internacional en Ginebra puede extenderse por varios años, pero confían en que la sola admisión del caso mejorará sensiblemente su posición institucional y política ante la justicia argentina y el electorado local.
El segundo refuerzo de peso internacional para el equipo liderado por el abogado Carlos Beraldi es el español Javier Borrego. Borrego cuenta con una destacada trayectoria en el viejo continente, habiéndose desempeñado como juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España y también como magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su rol será el de aportar el máximo rigor técnico en materia de tratados y convenciones fundamentales de protección jurídica.
Para poder dar este salto a los tribunales de la ONU, la defensa técnica de la expresidenta debió certificar el cumplimiento estricto de dos requisitos indispensables de admisibilidad exigidos por el organismo internacional: haber agotado por completo todas las instancias y recursos ordinarios de apelación dentro de la justicia de la República Argentina y, de forma excluyente, garantizar que el expediente no haya sido presentado de forma simultánea ante ningún otro tribunal u organismo de carácter internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
