Leandro German SosaEn un contexto marcado por el constante incremento en el endeudamiento de las familias, diversas organizaciones sociales, políticas y usuarios en redes digitales lanzaron una convocatoria a nivel nacional para realizar una jornada de protestas y abstención de uso de las plataformas financieras vinculadas al empresario Marcos Galperín. La medida busca visibilizar los fuertes cuestionamientos hacia las tasas de interés aplicadas en los préstamos personales y los costos operativos que afrontan los usuarios.
La iniciativa, impulsada inicialmente por la agrupación Libres del Sur bajo la consigna de suspensión de transacciones por 24 horas, abarca a las aplicaciones de cobro y crédito de mayor penetración en el mercado argentino. Según manifestaron los organizadores del reclamo, los costos financieros efectivos anuales de algunos créditos han alcanzado techos del 1.300%, una cifra que contrasta fuertemente con los parámetros aplicados por la misma firma en otros mercados de la región.
El reclamo no solo se centra en los créditos personales solicitados por particulares para cubrir gastos cotidianos, sino también en el esquema de comisiones fijadas para los locales comerciales y prestadores de servicios. En distritos turísticos y comerciales como el Partido de La Costa y los municipios de la Quinta Sección Electoral, la dependencia de los cobros digitales con tarjetas y billeteras virtuales es elevada, por lo que retenciones que van del 4% al 8% por operación inciden directamente en los márgenes de ganancia de pequeños y medianos emprendedores.
Frente a este escenario, dirigentes del Frente de Izquierda como Gabriel Solano formalizaron presentaciones judiciales para que se investigue el esquema de financiamiento, calificando a las tasas vigentes como desproporcionadas en relación con los ingresos familiares. A su vez, referentes políticos sostienen que la desregulación del sector financiero posibilitó un encarecimiento generalizado del costo del dinero.
La controversia escaló también al terreno parlamentario nacional. En los últimos días se han presentado proyectos de ley destinados a crear plataformas de cobros estatales y universales de bajo costo, tomando como referencia modelos públicos de inclusión financiera vigentes en otros países de Sudamérica.
El objetivo de estas iniciativas es brindarle al pequeño comerciante ya los consumidores una vía de pago digital que elimine o reduzca drásticamente los intermediarios y las comisiones. Mientras la discusión avanza en el Congreso, la respuesta de los sectores convocantes busca reabrir el debate sobre el rol de las plataformas fintech en la economía diaria.
