Leandro German SosaEl Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la incorporación de nueve entidades bancarias de primera línea al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal. La iniciativa, aprobada por la Legislatura mediante la Ley 6.959 tras una propuesta inicial del espacio opositor encabezado por Leandro Santoro, busca brindar una vía de salida a los hogares agobiados por la acumulación de pasivos y tarjetas de crédito en mora.
Entre las entidades participantes se encuentran el Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano. La adhesión de estos bancos permite llevar a la práctica un esquema de facilidades financiado a una tasa fija nominal anual que no superará el 35%, garantizando plazos de cancelación de hasta 24 meses para los deudores alcanzados por la normativa.
Para poder acceder a este beneficio, los solicitantes deberán acreditar compromisos impagos registrados hasta el 1° de junio pasado y encontrarse en las categorías 2 o 3 de la clasificación del Banco Central (atrasos de entre 60 y 180 días). Asimismo, se establece que la cuota mensual de la deuda debe comprometer más del 30% de los ingresos totales del hogar, los cuales no podrán superar el equivalente a diez salarios mínimos.
El programa fija además criterios estrictos de elegibilidad patrimonial: se requiere residencia acreditada en la jurisdicción, poseer únicamente una vivienda familiar y no disponer de vehículos de menos de cinco años de antigüedad (salvo los afectados al trabajo), bienes de lujo o activos financieros que superen el monto adeudado. El trámite de refinanciación se gestiona de forma directa ante la entidad bancaria donde se mantiene el compromiso pendiente.
Para lograr la participación activa del sector financiero privado, el Ejecutivo estableció un incentivo fiscal consistente en la reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos sobre los intereses cobrados en estas operaciones. Este mecanismo de compensación permitió destrabar la negociación y consolidar una herramienta de asistencia que contrasta con la postura sostenida por las autoridades económicas del Gobierno Nacional.
Mientras que a nivel nacional se considera que la acumulación de deudas por consumo es un asunto estrictamente entre particulares donde no corresponde la intervención estatal, el esquema porteño optó por regular el proceso y ofrecer ventajas impositivas para facilitar acuerdos de pago. La medida sienta un precedente de articulación parlamentaria y bancaria en un contexto económico complejo que afecta de forma directa al presupuesto de la clase media y de los trabajadores.
