Leandro German SosaEl bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave en el debate legislativo al obtener dictamen de comisión para un proyecto de ley que busca proteger el patrimonio estatal. La iniciativa, impulsada por la diputada bonaerense de La Cámpora, Maite Alvado, propone blindar a las empresas públicas bonaerenses ante eventuales intentos de privatización o venta de acciones a sectores privados.
La propuesta cosechó despacho favorable en la Comisión de Servicios Públicos gracias al acompañamiento del oficialismo y de bloques aliados como Nuevos Aires y Unión y Libertad. Además, sumó el respaldo de los representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y del espacio Hechos. En contraste, las bancadas de La Libertad Avanza y el PRO votaron en contra y firmaron un dictamen de minoría de manera conjunta, evidenciando la marcada polarización en torno al rol del Estado.
El eje central de la iniciativa legislativa radica en la modificación de las mayorías requeridas para definir el futuro de las compañías bajo la órbita provincial. En la actualidad, cualquier cambio en la titularidad o transferencia accional puede ser aprobado por mayoría simple de la cámara. La iniciativa de Alvado busca elevar la vara exigiendo una mayoría calificada de dos tercios de los miembros para habilitar cualquier proceso de privatización o concesión.
La medida impacta de manera directa en empresas de gran peso operativo dentro del territorio bonaerense, tales como Aguas Bonaerenses SA (ABSA), la empresa de servicios viales AUBASA —que administra rutas clave y el Corredor del Atlántico que conecta con la Región Capital y el Partido de La Costa— y Buenos Aires Gas SA (BAGSA), encargada de la infraestructura gasífera en pequeñas y medianas localidades del interior provincial.
Entre los fundamentos presentados en el texto, la autora remarcó que habilitar cambios bruscos o impulsivos en las estructuras societarias de estas compañías atenta contra la estabilidad, la planificación de infraestructura a largo plazo y el acceso equitativo a servicios esenciales. Para respaldar su postura, la legisladora citó como referencia el esquema mixto de gestión estatal con participación privada aplicado en empresas emblemáticas del ámbito nacional.
Desde el peronismo bonaerense no ocultan que la aceleración de este debate funciona como un mecanismo de resguardo institucional ante el escenario político y económico actual. Con este dictamen habilitado, el proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara Baja durante las próximas sesiones, en un debate que proLegislatura Bonaerensemete fuertes cruces políticos por el control de la infraestructura básica que abastece a los municipios del interior y la Costa Atlántica.
