Leandro German SosaLa caída en la recaudación fiscal y el desplome de las tasas locales han puesto en alerta roja a las administraciones municipales de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto de asfixia financiera, el bloque de Fuerza Patria en la Legislatura bonaerense impulsa dos proyectos de ley para que los intendentes puedan arrendar y sembrar las banquinas de las rutas provinciales, buscando una fuente de financiamiento alternativa y urgente.
La ley vigente (10.342), que data de 1985, permite el usufructo de franjas adyacentes a las rutas pero excluye taxativamente a las banquinas. Además, el texto actual obliga a los municipios a repartir lo recaudado entre los Consejos Escolares, Bomberos y caminos rurales, impidiendo que el dinero ingrese de manera directa como fondos de libre disponibilidad para afrontar gastos diarios y el pago de aguinaldos.
La iniciativa cobra especial relevancia para la Quinta Sección Electoral y distritos vecinos al Partido de La Costa. La fuerte caída de la cobrabilidad de tasas locales y el derrumbe de la coparticipación provincial han llevado a varios jefes comunales de la zona a evaluar alternativas extremas para sostener los servicios esenciales en un año económicamente recesivo.
La diputada del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, autora de uno de los proyectos, argumenta que la exclusión actual de las banquinas representa un desperdicio de recursos productivos. Según la legisladora masista, la puesta en valor de estas tierras no solo dinamizará el empleo local en sectores rurales y semiurbanos, sino que fortalecerá las finanzas municipales autónomas.
El proyecto de Rasquetti propone además la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales, dejando en manos de Vialidad bonaerense la definición de qué sectores son aptos para la siembra sin poner en riesgo la seguridad vial. Los intendentes de la región insisten en que los fondos resultantes deben ser de libre disponibilidad para enfrentar la coyuntura.
Por su parte, el diputado Alejandro Acerbo sumó otra propuesta que elimina la distribución rígida de la ley de 1985. El proyecto de Acerbo estipula que los recursos se asignen según lo determine cada ordenanza local, obligando únicamente a destinar un tercio al mantenimiento de los caminos, y ampliando los plazos de explotación agrícola de uno a tres años.
