Leandro German SosaSectores vinculados al gobierno bonaerense y al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires confirmaron su participación en la marcha convocada frente al Congreso Nacional para rechazar las modificaciones a la Ley de Tierras que impulsa el Ejecutivo nacional. La convocatoria fue ratificada por el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, quien advirtió sobre las consecuencias del proyecto en debate.
Las agrupaciones políticas, entre las que destacan el Movimiento Derecho a Futuro (MDF) y el PJ provincial, se concentran en Plaza de Mayo y las inmediaciones del Palacio Legislativo en coincidencia con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores.
Durante su habitual conferencia de prensa, Carlos Bianco cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei. Según el funcionario bonaerense, la flexibilización de los límites legales para la venta de inmuebles rurales a capitales extranjeros representa un riesgo para la soberanía territorial y el control soberano sobre los recursos naturales estratégicos.
En territorio bonaerense, y particularmente en regiones con alta proyección productiva, turística y de desarrollo rural como la Quinta Sección Electoral, las restricciones a la propiedad extranjera de la tierra son consideradas un factor clave para resguardar la identidad local y el acceso a la propiedad por parte de productores nacionales.
El reclamo de las organizaciones bonaerenses se suma a las posturas críticas de distintos gobernadores del interior. En ese contexto, el mandatario riojano Ricardo Quintela elevó el tono contra las políticas del Ejecutivo nacional y advirtió que una eventual futura administración del peronismo revisará los activos y derechos otorgados bajo el esquema actual, evaluando expropiaciones si fuera técnicamente necesario.
La movilización busca frenar el avance del proyecto oficialista en el Senado, consolidando una postura unificada entre la gestión provincial de Axel Kicillof y la estructura del PJ frente a la agenda económica e institucional de la Casa Rosada.
