Miguela Lucía PortalesUn fuerte malestar se replica entre decenas de conductores de la región debido al funcionamiento de los radares ubicados sobre la Ruta Provincial 11. Las cámaras de seguridad vial, apostadas frente a los accesos a las localidades de Las Toninas, Costa del Este y San Bernardo, volvieron a quedar en el centro de la polémica por la acumulación de infracciones millonarias.
Aunque los cinemómetros se encuentran a escasos metros de los ingresos al Partido de La Costa, el territorio corresponde legalmente a la jurisdicción de General Lavalle y el sistema opera bajo la órbita de fiscalización del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.
En los últimos días comenzaron a visibilizarse numerosos casos de usuarios que aseguran haber acumulado decenas de actas de infracción por un motivo recurrente: circular sin las luces bajas encendidas. Si bien la falta está contemplada en la legislación vial vigente, el reclamo central de los damnificados apunta a la demora del sistema.
De acuerdo con las denuncias vecinales, las actas habrían sido emitidas e informadas meses después de haberse registrado la presunta falta. Esta desincronización impidió que los automovilistas fueran notificados a tiempo para corregir la conducta al volante, provocando un efecto de acumulación automática de infracciones.
El impacto económico de esta situación golpea de lleno a quienes utilizan la Ruta 11 como una vía de comunicación diaria para trasladarse por motivos laborales o personales entre los distintos pueblos de La Costa. Muchos vecinos descubrieron en las plataformas provinciales deudas que trepan a varios millones de pesos.
Al recorrer el sector diariamente a plena luz del día y sin recibir avisos previos, cada pasada por los controles ubicados frente a los accesos costeros sumó una nueva contravención de forma invisible. La problemática también comenzó a detectarse en turistas que transitaron por la zona durante la temporada de descanso.
Las críticas de la comunidad apuntan tanto a la administración de General Lavalle como al mecanismo de fiscalización bonaerense. Para los conductores afectados, el retraso de meses para informar una infracción desvirtúa por completo el rol preventivo y educativo que teóricamente deben poseer los controles de tránsito en las rutas argentinas.
Los damnificados argumentan que el esquema actual se percibe con un fin meramente recaudatorio, al transformarse en una trampa económica que genera deudas prácticamente impagables para los trabajadores locales que transitan la región de forma permanente.
