Leandro German SosaEl peronismo y los bloques libertarios en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires alcanzaron un acuerdo para desarrollar una sesión de baja tensión parlamentaria, retirando de los debates aquellos proyectos que generaban mayor incomodidad en ambos espacios políticos.
De esta manera, los expedientes de mayor peso político y confrontación directa fueron postergados para después del receso invernal, priorizando el consenso en iniciativas de carácter social y previsional que alcanzan a los distintos municipios bonaerenses, incluido el Partido de La Costa.
Entre las iniciativas que finalmente no ingresaron al recinto se destacaba un pedido de informes presentado por la oposición para determinar el conocimiento del gobierno provincial sobre la situación de Martín Insaurralde. En contrapartida, el oficialismo aceptó retirar un proyecto del massismo que obligaba a las empresas petroleras a informar los aumentos de combustibles con anticipación, una medida que afectaba directamente las proyecciones operativas de YPF.
Asimismo, el recinto volvió a postergar el enroque de autoridades previsto en el bloque de La Libertad Avanza, donde Agustín Romo planea dejar la presidencia de la bancada para asumir una de las vicepresidencias de la Cámara de Diputados, cediendo su actual puesto a Juan Osaba. Las negociaciones cruzadas en torno a otros proyectos, como el de protección a personas en situación de calle, mantuvieron este cambio en agenda para las próximas sesiones.
A pesar de las postergaciones políticas, la sesión avanzó con el consenso necesario para aprobar leyes de relevancia estructural. Se otorgó sanción a un régimen de beneficios impositivos permanentes para el área patagónica y la zona austral de la provincia, eximiendo del pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto de Sellos a distritos del sur bonaerense de forma definitiva, eliminando la necesidad de renovación cada cinco años.
Por otra parte, se convirtió en ley la modificación del Régimen Previsional Especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas. Esta reforma busca integrar formalmente al sistema previsional a aquellos excombatientes que no pudieron continuar con sus carreras dentro de las Fuerzas Armadas debido a las secuelas físicas o psicológicas derivadas del conflicto bélico de 1982.
