Leandro German SosaEl jefe de la bancada peronista en el Senado bonaerense, Sergio Berni, presentó un proyecto de ley con el objetivo de crear una comisión bicameral que realice un seguimiento estricto del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA). La iniciativa busca asegurar la intervención de la Provincia de Buenos Aires en las decisiones sobre la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país, la cual tiene su principal asiento en el territorio bonaerense.
El proyecto propone la conformación de un cuerpo legislativo integrado por cinco senadores y cinco diputados, garantizando la representación proporcional de las distintas fuerzas políticas. La meta de esta comisión será elaborar informes públicos y velar por los intereses estratégicos y económicos de los bonaerenses frente al plan del Gobierno nacional de vender el 49% de las acciones de la compañía.
La propuesta generó una inmediata reacción de rechazo en los sectores de la oposición, particularmente en el PRO. Las críticas apuntan al fuerte arraigo político de Berni en el municipio de Zárate, lugar donde funcionan las centrales Atucha I, Atucha II y el proyecto CAREM-25, y que actualmente es gobernado por el partido amarillo.
Desde el bloque de diputados provinciales alineados con Cristian Ritondo cuestionaron la competencia de la Legislatura bonaerense en este asunto. Señalaron que, al tratarse de una empresa de órbita estrictamente nacional, el debate debería canalizarse a través del Congreso de la Nación en lugar del parlamento provincial, atribuyendo la movida a una estrategia de posicionamiento político territorial.
El trasfondo de la discusión radica en el peso energético y económico de NASA. La empresa controla 1.763 MW de potencia instalada, lo que representa el 4,1% de la capacidad bruta de la Argentina y genera el 7,35% de la energía del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Además, se destaca por ser una de las firmas estatales superavitarias, habiendo reportado ganancias por 17.234 millones de pesos tan solo en el primer trimestre.
Por otro lado, el proceso de privatización contempla aristas geopolíticas complejas, vinculadas a recientes acuerdos con Estados Unidos para la explotación y potencial exportación del uranio argentino. Con reservas estimadas en 34.000 toneladas y un consumo interno anual de apenas 220 toneladas, el destino comercial del excedente genera una fuerte disputa sobre el control de la matriz energética nacional y provincial.
