Leandro German SosaEl Senado de la Provincia de Buenos Aires se encamina a una jornada de alta volatilidad política. El bloque kirchnerista intentará aprobar sobre tablas los proyectos de emergencia alimentaria y sanitaria impulsados por el jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishii. La movida parlamentaria, coordinada en el recinto por el jefe de la bancada peronista Sergio Berni, reaviva un fuerte frente de conflicto interno que ya tuvo un cruce directo con la vicegobernadora Verónica Magario.
La estrategia de forzar el tratamiento sin el paso previo por las comisiones de trabajo requiere una mayoría especial de dos tercios, un número con el que el oficialismo no cuenta en la actualidad. Los legisladores alineados de forma directa con la conducción de la Gobernación no avalan la presión de Ishii, mientras que los bloques de la oposición exigen modificaciones de fondo o el giro formal a las comisiones para evaluar el impacto presupuestario en los distritos.
El trasfondo de las iniciativas de Ishii radica en un duro diagnóstico sobre las prestaciones estatales en el territorio bonaerense, señalando falencias críticas en el sistema de salud pública y la provisión de insumos. A este escenario se sumó un nuevo y conflictivo proyecto de ley que busca obligar al Ministerio de Seguridad provincial a absorber la totalidad de los gastos operativos de patrulleros y combustibles que actualmente deben afrontar las arcas de los municipios.
La propuesta argumenta que, según la Constitución y la Ley 12.154, la seguridad es una competencia exclusiva y originaria del Estado provincial. Por ende, plantea que el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad no debe ser complementado de manera obligatoria con recursos propios de las comunas, un debate económico y logístico que siguen con extrema atención los distritos del interior y de toda la costa atlántica.
Desde las bancadas opositoras, legisladores como Marcelo Leguizamón (Hechos-UCR) insisten en que otorgar facultades de emergencia para reacomodar partidas presupuestarias no puede resolverse de forma exprés en el recinto. En una sintonía similar, sectores libertarios condicionan un eventual acompañamiento a que se eliminen del texto las críticas dirigidas hacia la administración nacional.
El pedido de debate en comisiones busca dilatar una discusión que promete reiterar los fuertes cruces discursivos de fines de junio, cuando las exposiciones terminaron con micrófonos cortados y reproches cruzados en plena sesión en la Cámara Alta.
