Miguela Lucía PortalesHay historias que desgarran el tejido de nuestras comunidades vecinas, pero que al mismo tiempo se convierten en faros de alerta y en una profunda invitación a la reflexión colectiva. El reciente fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Dolores, bajo la firma del juez Juan Martín Enzagaray, dictó una condena de diez años de prisión para Eduardo Oscar Frías, un vecino de General Lavalle de 69 años apodado "El Tano". El cargo, "Homicidio agravado por ser cometido a la ex pareja y por mediar violencia de género en grado de tentativa", marca el cierre judicial de una pesadilla, pero abre un debate necesario sobre la importancia de desnaturalizar el maltrato antes de que sea demasiado tarde.
La crónica judicial revela que la víctima soportó tres décadas y media de violencia verbal y psicológica. Una vida entera condicionada por el miedo que, lejos de aplacarse, se recrudeció en el último tramo de la relación. Este caso expone con crudeza cómo el círculo de la violencia suele cerrarse con mayor fuerza cuando la víctima decide dar el paso más difícil: la separación. En diciembre de 2025, tras buscar el resguardo de su madre y recibir el acompañamiento fundamental del Área de Género Municipal, ella intentó empezar de nuevo, enfrentándose a represalias inmediatas como el hallazgo de toda su ropa tajada a cuchillo por el agresor.
El brutal desenlace ocurrió en el patio de la vivienda que compartían en la calle Poggioli al 900, en General Lavalle. La mujer caminaba por el predio llevando en brazos a su nieto de solo ocho meses cuando Frías, quien se desplaza en silla de ruedas debido a la amputación de sus piernas, la atacó por la espalda. En un acto instintivo de amor y protección, la abuela logró poner a salvo al bebé entregándoselo a otro de sus nietos antes de trenzarse en un forcejeo desesperado por su vida.
Aun cuando el agresor cayó de su silla, extrajo un martillo sacaclavos y comenzó a golpearla repetidamente en la cabeza bajo la promesa explícita de matarla. La fortaleza de la víctima le permitió desarmarlo, mientras los gritos desesperados de una vecina alertaban a la Comisaría de General Lavalle. La rápida intervención policial y el posterior traslado médico al nosocomio local —donde fue suturada por múltiples heridas contuso-cortantes— evitaron que la región sumara una nueva cifra a la dolorosa estadística de femicidios.
El juicio abreviado homologado por la fiscal Mónica Ferre y el defensor Julián Abraham dejó firme una pena que, debido al delicado estado de salud de Frías (quien padece diabetes tipo 1 insulinodependiente), se cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria con controles socioambientales. Más allá de los tecnicismos legales, la solidez de las pruebas científicas, los testimonios y los peritajes fotográficos ratificaron una verdad ineludible.
Esta historia deja una lección urgente para el Partido de La Costa y toda la Quinta Sección: el auxilio vecinal oportuno y el acompañamiento temprano de las áreas del Estado salvan vidas. Romper el silencio y denunciar a tiempo no es solo un trámite judicial; es, como lo demostró esta vecina de Lavalle, la delgada línea que separa la tragedia de una oportunidad para volver a nacer.
