El Procurador provincial pidió juicio político contra dos camaristas

Se trata de los que anularon la causa contra ‘Chocolate’ Rigau

El procurador de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Conte Grand, pidió hoy que se abra un juicio político contra los dos camaristas que habían anulado la causa contra Julio “Chocolate” Rigau y permitieron su liberación.

Los jueces Juan Alberto Benavidez y Alejandro Villordo ya habían sido denunciados por mal desempeño por la fiscal Bettina Lacki que estaba llevando la investigación contra el imputado.

El texto presentado por el Procurador señala que “la decisión de los jueces Benavides y Villordo se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario, canalizado, además, por una vía improcedente, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular”.

La presentación hecha ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, agrega: “La materia objeto del petitorio tenía vía procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación; tenía así un juez natural (precisamente juez de garantías); y con la admisibilidad de la vía extraordinaria se terminó apartando a dicho juez y suplantándoselo por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación”.

Cabe destacar que la Cámara de Casación revocó ese fallo escandaloso de los camaristas y reabrió formalmente la causa contra Rigau, indicando que las actuaciones policiales fueron correctas y solicitando la indagatoria de testigos y la pericia sobre el celular del referente político que está indicada para el viernes 20 de octubre.

Recuérdese que los camaristas sobre los que ahora pesa el pedido de Jury de Enjuiciamiento, para liberar a ‘Chocolaste’, afirmaron que la policía había actuado mal al aprehenderlo por no leerle los derechos, por no dar intervención a la Fiscalía y por violar la privacidad de Rigau dentro del cajero. Casación respondió que el proceder policial fue correcto al actuar en flagrancia.