Miguela Lucía Portales
La resolución de la Cámara en contra de Cristina Kirchner incluye también a Lázaro Báez, en el contexto de la condena relacionada con el caso Vialidad. Este fallo refuerza las implicaciones legales que enfrentan ambos en este asunto.
La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy que el Tribunal Oral Federal 2, responsable de la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el caso Vialidad, llevará a cabo el decomiso de bienes establecido en la sentencia, al rechazar los recursos de incompetencia planteados por las defensas.
Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña desestimaron las argumentaciones, subrayando que es responsabilidad del Tribunal Oral Federal 2 ejecutar el decomiso, que, actualizado, asciende a más de 684.990 millones de pesos. En su resolución, se enfatizó que la confiscación de bienes provenientes de delitos se ha convertido en un elemento central en las investigaciones penales, lo que obliga a una atención cuidadosa en las investigaciones patrimoniales.
El juez Hornos aclaró que los magistrados deben proceder no solo a confiscar los objetos utilizados en la comisión de delitos, sino también las ganancias derivadas de ellos.
La ex presidenta cumple arresto domiciliario tras ser condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta, mientras que Báez tiene una condena unificada de 15 años por la causa Vialidad y por "la ruta del dinero".
Argumentos de las Defensas
La defensa de Cristina Kirchner argumentó que el TOF 2 no tenía competencia para llevar a cabo el decomiso en su caso, sugiriendo que debería ser el fuero comercial federal el que interviniera. Por su parte, la defensa de Báez sostuvo que sus bienes estaban ya cautelados ante el Tribunal Oral Federal 4 en el caso de lavado de activos.
Postura de Casación
Casación desestimó estas argumentaciones, afirmando que el decomiso debe ser ejecutado solidariamente por los condenados, y que el Tribunal Oral Federal 2 tiene plena competencia para actuar sobre el decomiso de los hechos que juzgó. El juez Borinsky añadió que la apelación de Cristina Kirchner no vulnera garantías ni se aparta de la normativa aplicable, y concluyó que los agravios presentados por su defensa no podían prosperar.
Cristina Kirchner, condenada por el direccionamiento del 80% de la obra pública vial nacional en Santa Cruz hacia empresas de Báez entre 2003 y 2015, sigue bajo arresto domiciliario mientras se mantienen los procedimientos judiciales en su contra.
