La atención médica de miles de jubilados afiliados al PAMI atraviesa un momento de profunda incertidumbre. Clínicas, sanatorios y distintos prestadores de salud de todo el país, con fuerte impacto en los centros asistenciales de la Quinta Sección y la región, anunciaron la suspensión de la asignación de nuevos turnos para consultas, estudios y prácticas programadas.
La drástica medida fue comunicada por la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), ante la imposibilidad de sostener el funcionamiento normal de las instituciones debido al grave deterioro financiero del sector, en medio de un conflicto abierto con la obra social conducida por Esteban Leguízamo.
Las distintas cámaras de salud no lograron llegar a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud y los responsables de la obra social. Las entidades denuncian que existe un atraso arancelario que supera el 120% y que la última propuesta oficial del Ejecutivo Nacional fue de apenas un 1,9% para junio y el mismo porcentaje para julio, cifras que se ubican muy por debajo de la inflación.
Néstor Porras, presidente de FECLIBA, alertó que muchas clínicas se encuentran trabajando a pérdida. Desde CAPRESS ratificaron la gravedad de la situación: “Sin una recomposición urgente y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales. Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario”.
La suspensión informada afecta principalmente a la programación de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades, estudios diagnósticos, prácticas ambulatorias y procedimientos no urgentes. Además, advirtieron que de no mediar respuestas urgentes, el próximo paso será la suspensión de cirugías programadas.
Frente a este complejo escenario, las instituciones médicas de la región quisieron llevar tranquilidad a la comunidad al remarcar que se continuarán garantizando de manera absoluta las emergencias médicas y todos aquellos casos que impliquen un riesgo de vida inmediato para el paciente.
El conflicto no solo golpea a los adultos mayores que ven dilatados sus controles de rutina, sino que amenaza con saturar los hospitales municipales del Partido de La Costa y distritos vecinos, los cuales deberán absorber la demanda insatisfecha que deje el sector privado.
