La interna feroz en la cúpula del Gobierno nacional suma un nuevo y explosivo capítulo. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, anunció oficialmente que viajará a la ciudad de Rosario para participar del acto central por el Día de la Bandera, desafiando de forma directa la decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien la había borrado de la lista de invitados oficiales.
El aviso de la titular del Senado marca un nuevo límite en la confrontación con la Casa Rosada y anticipa un inevitable y tenso cruce con el presidente Javier Milei en el Monumento a la Bandera. A pesar de que el protocolo estricto depende de Presidencia, Villarruel justificó su viaje argumentando razones de índole afectiva y familiar, señalando a Rosario como su "segunda casa" y la "cuna" de su familia paterna.
Desde el entorno de la Vicepresidenta intentaron matizar la situación afirmando que la invitación formal había llegado por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe y del intendente rosarino, Pablo Javkin. Sin embargo, desde la administración del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, se desmarcaron rápidamente de la polémica para evitar cortocircuitos con Balcarce 50. Fuentes provinciales aclararon de forma tajante que la organización y el listado de autoridades nacionales correspondían exclusivamente a la órbita de Nación.
El escenario replica, con mayor temperatura política, lo ocurrido durante la misma fecha patria el año pasado, cuando los máximos referentes del Ejecutivo nacional exhibieron su distancia celebrando actividades paralelas.
Más allá del reencuentro de la fórmula presidencial, la atención política en Rosario estará concentrada en la interacción de Villarruel con otros funcionarios del riñón de los hermanos Milei, puntualmente con el vocero presidencial Manuel Adorni.
La relación entre ambos se encuentra completamente rota debido a la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el portavoz. En los últimos meses, la Vicepresidenta adoptó una postura de marcado desapego institucional y territorial, permitiendo que la oposición avance en la Cámara Alta con pedidos de informes vinculados a la situación patrimonial del funcionario, en una clara estrategia de diferenciación ética dentro del propio espacio oficialista.
