Miguela Lucía PortalesEl Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, mantiene trabada la firma de avales clave para la provincia de Buenos Aires, impidiendo el avance de obras estratégicas que ya cuentan con financiamiento internacional asegurado. Mientras el gobierno de Javier Milei habilitó desembolsos para 18 proyectos en diez provincias alineadas políticamente en el Congreso por casi 2.000 millones de dólares, el territorio bonaerense sigue discriminado.
Esta parálisis impacta de manera directa en la Quinta Sección y la región balnearia. Entre los proyectos afectados por la falta de firmas nacionales se encuentra la continuidad de las obras viales para la construcción de la autopista en la Ruta 11, un corredor fundamental para la conectividad y seguridad del Partido de La Costa y distritos vecinos, además de las tareas de la etapa cuatro del dragado del Río Salado, cuyo financiamiento de 138 millones de dólares por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) enfrenta vencimientos este año.
La negativa de la administración central a otorgar las garantías no solo frena la infraestructura vial que conecta a los municipios turísticos, sino que también paraliza planes hídricos y sanitarios esenciales en el resto de la provincia, como plantas potabilizadoras, redes de agua y acueductos para la región de La Plata y el sur del conurbano.
Ante este escenario de ahogo financiero, la Justicia tomó cartas en el asunto. El juez Alberto Recondo emitió un oficio dándole un plazo de diez días a Caputo para responder a los pedidos presentados por la gestión de Axel Kicillof. Cumplido el tiempo perentorio, Nación mantuvo el silencio, lo que el magistrado calificó como una "restricción al financiamiento internacional" de la cual depende exclusivamente la ejecución de los trabajos.
La contracara de la situación bonaerense se observa en los distritos cuyos mandatarios acompañaron las iniciativas del oficialismo en el Congreso. Provincias como Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Río Negro y Misiones sí recibieron los avales del Palacio de Hacienda para avanzar con programas educativos, productivos y de expansión de servicios de agua potable financiados por organismos como el BID, la CAF y el Fonplata.
Desde el gobierno provincial advierten que el freno a la obra pública y la retención de las firmas técnicas configuran un perjuicio directo para millones de bonaerenses, afectando la producción, el turismo regional en las rutas de la costa y la calidad de vida en las comunidades del interior.
