Leandro German SosaLa causa judicial por la comercialización de fentanilo envenenado, que provocó más de una centena de muertes en distintos centros de salud del país, tuvo un vuelco decisivo. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la detención de dos exfuncionarias clave de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Las detenidas son Nélida Bisio, ex titular del organismo regulador, y Gabriela Fumadó, quien estaba a cargo del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas eran las máximas responsables de auditar y controlar la calidad de las ampollas de anestesia que salían al mercado farmacéutico nacional.
La investigación judicial busca determinar el grado de responsabilidad por la salida al mercado de lotes de fentanilo producidos por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Dichas partidas presentaban una severa contaminación bacteriana que derivó en la muerte de al menos 114 pacientes en sanatorios e institutos de salud, con focos críticos en La Plata y Rosario.
En paralelo a los arrestos, la Justicia ordenó un operativo de requerimiento de información en la sede del Ministerio de Salud de la Nación. El objetivo del magistrado es reconstruir el libro de entradas, salidas y movimientos de personal entre los años 2024 y 2025 para establecer el nivel de conocimiento u omisión de las autoridades salientes y actuales.
La causa volvió al centro de la escena política y judicial, generando una fuerte conmoción institucional. La Justicia evalúa si existió una red de negligencia o connivencia en los circuitos de fiscalización estatal que permitió a laboratorios sin las condiciones sanitarias adecuadas continuar operando y distribuyendo medicamentos en todo el territorio nacional.
Las exfuncionarias Bisio y Fumadó quedaron a disposición de la Justicia federal y prestarán declaración indagatoria ante el juez Kreplak para esclarecer las fallas de control que derivaron en la tragedia sanitaria más grave de los últimos tiempos.
