Leandro German SosaLa causa judicial que investiga la comercialización de fentanilo contaminado y que causó la muerte de más de un centenar de pacientes en distintos centros de salud del país sumó un testimonio explosivo. Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y una de las exfuncionarias detenidas esta semana, declaró ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, e involucró directamente al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
Durante su indagatoria, la exfuncionaria afirmó que la cartera sanitaria nacional tenía conocimiento pleno de cada procedimiento de fiscalización. Según consta en el expediente, las decisiones sobre los laboratorios investigados —HLB Pharma y Ramallo— se tomaban previa consulta y aval de las máximas autoridades del Ministerio de Salud.
La declaración judicial coincidió con la incorporación a la causa de una serie de intercambios de mensajes entre funcionarias del organismo regulador. En dichos chats se hace referencia explícita a consultas directas del propio ministro sobre las inspecciones y la posibilidad de clausura de los establecimientos observados.
Pese a los informes técnicos que advertían sobre graves fallas de salubridad e irregularidades en los procesos de fabricación, las instalaciones continuaron operando y distribuyendo lotes de ampollas anestésicas a hospitales y clínicas de todo el territorio nacional.
La investigación del juez Kreplak busca determinar si existió una red de omisiones deliberadas o circuitos de coimas que permitieron la circulación del fentanilo con contaminación bacteriana. Tras el rechazo al pedido del Ministerio de Salud para constituirse como querellante, la Justicia enfoca sus actuaciones en la responsabilidad de los organismos de control estatal.
Ambas exfuncionarias continúan imputadas y bajo prisión preventiva mientras el juzgado federal avanza con los peritajes sobre la documentación incautada y las comunicaciones oficiales de los años 2024 y 2025.
