Leandro German SosaEn una jornada legislativa cruzada por intensas negociaciones en el Congreso de la Nación, el Gobierno nacional sufrió un nuevo revés parlamentario al tener que retirar del proyecto de propiedad privada las modificaciones pretendidas a la Ley de Manejo del Fuego. La quita de este capítulo responde a la falta de avales entre los bloques aliados y provinciales, repitiendo el escenario ocurrido horas antes con los artículos de extranjerización de tierras.
La decisión de mantener la protección vigente sobre los suelos afectados por incendios forestales representa un dato clave para las regiones costeras y productivas del país. Diversos legisladores de la provincia de Buenos Aires y de bancadas dialoguistas argumentaron que intentar flexibilizar las restricciones sobre terrenos quemados implicaba un retroceso en la doctrina ambiental y en la jurisprudencia constitucional.
El articulado que buscaba reformar el régimen de protección ambiental fue perdiendo respaldos a lo largo del debate, sumando el rechazo de senadores radicales y de espacios provinciales que consideraron inadecuado acortar los plazos de veda para la comercialización o uso de tierras incendiadas. Sin estos apoyos, el oficialismo aceptó retirar el apartado para evitar una derrota mayor en el recinto.
De este modo, la iniciativa parlamentaria impulsada desde el Ejecutivo nacional terminó aprobando únicamente aspectos acotados vinculados a la agilización de desalojos e intervenciones en materia de expropiación, dejando sin efecto las reformas estructurales en materia de recursos naturales, bosques y áreas de reserva.
La preservación del marco legal vigente contra los incendios intencionados y la especulación inmobiliaria en terrenos afectados por el fuego es un tema que genera especial atención en los municipios de la Quinta Sección Electoral. La conservación de los humedales, los pastizales y el frente marítimo bonaerense depende directamente de normativas que impidan el cambio de uso del suelo tras un siniestro.
Con el rechazo a estos cambios en la Cámara Alta, los ecosistemas locales y los sectores enfocados en la preservación ambiental mantendrán las garantías legales actuales contra la alteración de tierras vulnerables en todo el territorio provincial.
