Leandro German SosaEl vocero Adrián Ravier admitió públicamente que el Ministerio de Economía retiene una parte sustancial de lo recaudado por el impuesto a los combustibles con el objetivo de "lograr el equilibrio fiscal". La declaración encendió las alarmas jurídicas e institucionales, ya que por ley dichos fondos tienen asignación específica y deben ser destinados exclusivamente al arreglo y mantenimiento de las rutas nacionales.
Durante una entrevista, el portavoz reconoció que no todo el dinero acumulado por el tributo se vuelca al Sistema Vial Integrado (Sisvial), un fideicomiso creado específicamente para la infraestructura vial del país. Al argumentar que los recursos restantes son utilizados por la cartera que conduce Luis Caputo para sanear las cuentas públicas, abrió la puerta a severos cuestionamientos legales sobre la discrecionalidad en el uso de partidas presupuestarias.
La controversia se profundiza al analizar el destino original de las partidas. El fideicomiso vial acumula sumas millonarias que, en lugar de ejecutarse en obras, han sido derivadas a inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos. Se calcula que la tasa de subejecución del sistema supera el 70%, un porcentaje que hubiese permitido la intervención y reparación de miles de kilómetros de la red vial nacional, hoy sumida en un evidente deterioro.
Esta situación generó una reacción inmediata en el ámbito judicial. Tras conocerse los datos de ejecución presupuestaria, se radicó una denuncia penal contra el ministro Luis Caputo y otros funcionarios del área económica por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las declaraciones del propio vocero oficial podrían ser incorporadas de forma inminente al expediente como prueba del desvío de los fondos.
