
Madariaga evalúa demandar a Gesell por vuelcos cloacales
Miguela Lucía PortalesLa crisis ambiental por los desbordes cloacales en la Quinta Sección suma un capítulo de máxima tensión institucional. El Municipio de General Madariaga analiza iniciar acciones judiciales formales contra el vecino partido de Villa Gesell, tras constatar el derrame reiterado de efluentes cloacales sin tratamiento dentro de su territorio.
La contaminación se produce cuando los desechos provenientes de la planta depuradora geselina, operada por la empresa ABSA, cruzan la Ruta 11 y se esparcen sobre campos madariaguenses. Miembros de las áreas de Inspección, Legales y Frente de Ruta de Madariaga se presentaron en el límite entre ambos distritos para documentar el daño ambiental.
Canales clandestinos detectados con drones
La confirmación del vuelco masivo llegó a través de una inspección ocular apoyada por tecnología aérea. Mediante imágenes obtenidas con drones, las autoridades detectaron que frente a la planta depuradora de Villa Gesell se abrió un canal de desagote que ingresa directamente a Madariaga.
Asimismo, se halló un segundo cruce de efluentes próximo a la rotonda de ingreso a la villa balnearia, el cual desemboca en otro canal de aproximadamente dos kilómetros de longitud. "Estos derrames generan una grave contaminación ambiental sobre territorio madariaguense", señalaron con preocupación desde la comuna afectada, que ya arrastra antecedentes conflictivos similares con Pinamar.

Infraestructura obsoleta y reclamo regional
En Villa Gesell, la situación encendió el debate político. Sectores opositores advirtieron que la planta depuradora quedó totalmente obsoleta ante el crecimiento demográfico de la región. El concejal Luis Vivas cuestionó que se sigan autorizando conexiones a la red sin obras de fondo: “Antes se enviaba agua depurada; hoy es agua con materia fecal”, sentenció.
Mientras el municipio geselino deslinda responsabilidades en ABSA y la empresa apunta a la falta de inversión e infraestructura a gran escala, Madariaga exige el cese inmediato de los vertidos y la reparación del daño. El caso expone una deuda estructural histórica en la costa bonaerense, donde el desarrollo urbano avanzó a un ritmo muy superior al de los servicios básicos indispensables.
Fuente: DIB


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