El Tribunal Oral Nº 2 dio a conocer los fundamentos del fallo que oportunamente condenara a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si a la administración fraudulenta y no a la asociación ilícita. Mientras tanto la oposición hace mutis por el foro
Se trata de la causa Vialidad sobre la que el Tribunal dictara sentencia el 6 de diciembre de 2022. Los fundamentos dados a conocer ahora alcanzan a 1616 fojas. En ellas se deja claramente establecido que el veredicto podrá cumplirse una vez que quede firme, luego de la serie de apelaciones que vendrán. La primera de ellas es ante la Cámara Federal de Casación Penal. Tanto la defensa como la acusación tendrán 10 días hábiles para hacer uso de ese primer recurso.
La explicación de la sentencia, dictada por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, argumenta que entre 2003 y 2015 hubo «manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez», en la asignación de la obra pública en la provincia de Santa Cruz “que es todo cuanto se encuentra bajo juzgamiento, y que sólo podían prosperar en un marco de cooperación y coordinación entre personas en ejercicio de la función pública”.
En relación al delito de “asociación ilícita”, dos de los integrantes del tribunal (Gorini y Giménez Uriburu), concluyeron que «no ha podido demostrarse» la existencia de ese delito y todos los acusados, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, resultaron absueltos.
De manera que las próximas apelaciones ante Casación, del lado de la defensa, serán la solicitud de revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación y de parte de los fiscales será apelar la decisión de desestimar la asociación ilícita que redujo considerablemente las penas de los acusados y contra las absoluciones, entre otros, de Julio De Vido.
Al conocer los fundamentos, la vicepresidenta de la Nación sentenció: ya «no es ni lawfare ni Partido Judicial» sino «un Estado paralelo y mafia judicial».
Wado de Pedro confirmó esa sentencia al afirmar “Hoy, para nosotros es otro día de persecución. Es otro día donde el Poder Judicial vuelve a demostrar el rol disciplinador que está cumpliendo. Cada año electoral hay sectores de la justicia que se ponen a hacer campaña y reemplazan el Código Penal por el Código Electoral».
¿Y la oposición?
Exceptuando a Mario Negri, JxC no ha hecho oír su voz ni en las redes ni en los medios de comunicación que utilizan habitualmente. Vale decir que Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta o los diputados Cristian Ritondo o Diego Santilli, no salieron a opinar.
