A 25 años de su salvaje crimen, hace tiempo que los condenados ya no están tras las rejas. El empresario Yabrán fue acusado de ser el autor intelectual, pero se suicidó antes de ser detenido.
Sociedad22 de enero de 2022 Redacción Periodistas
Por Fernando Delaiti
El periodista Gabriel Michi posaba junto a su mujer en modo turista en una playa de Pinamar mientras José Luis Cabezas simulaba que los fotografiaba. Esa escena del viernes 16 de febrero de 1996, pero con distintos actores de reparto, se repitió un día después. Sin embargo, el lente de la cámara apuntaba a quien caminaba atrás: Alfredo Enrique Nallib Yabrán, el hombre más enigmático y poderoso del país. La foto del empresario junto a su esposa, María Cristina Pérez, fue la tapa de la revista Noticias, pero a su vez, fue la sentencia a muerte del reportero gráfico un año después. De hecho, cuentan que el entonces dueño de OCA se había jactado de que ni los servicios de inteligencia tenían una foto suya y hasta se conocía una frase que lo pintaba bien: “Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza”.
El viernes 24 de enero de 1997, Michi y Cabezas, que volvían a trabajar en la temporada en la costa bonaerense, concurrieron a una fiesta con más de 200 invitados que organizaba el empresario Oscar Andreani a la que llegaron en un Ford Fiesta Blanco, alquilado por la revista Noticias. A las 4 de la madrugada del 25, el periodista se retiró y el fotógrafo decidió quedarse para hacer unas imágenes más.
Sin embargo, horas después apareció salvajemente asesinado en una cava de General Madariaga, a la altura del kilómetro 385 de la ruta 11 y a unos escasos kilómetros de Pinamar. Había sido secuestrado, torturado, y su cuerpo estaba quemado con alcohol metílico en el interior del vehículo. Cabezas, de 35 años y con una hija de meses, tenía sus manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 alojados en su cavidad craneana.
Cuando Cabezas salió de la mansión con la cámara Nikon F4, no pensó nunca que las que había hecho allí serían sus últimas tomas. Afuera, en diferentes vehículos, varios hombres lo estaban esperando. Algunos de ellos eran el subcomisario Gustavo Prellezo y cuatro personajes devenidos en su mano de obra de la localidad platense de Los Hornos: Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana. “Los Horneros”, como fueron conocidos después.
Minutos después de las 5, el fotógrafo llegaba a la casa donde lo esperaban su esposa, Cristina Robledo, y su pequeña hija Candela. Fue allí cuando la banda lo sorprendió y lo secuestró en el propio Ford Fiesta. Detrás iba el Fiat Uno. Llegaron hasta la cava, donde obligaron a José Luis a arrodillarse y mirar al piso. Fueron dos disparos, en medio del silencio y con los primeros rayos del sol como únicos testigos.
El homicidio sacudió no solo al periodismo argentino sino que conmocionó al país. La falta de caminos que condujeran hacia los culpables en esas primeras horas, no desviaba a toda la opinión pública de una certeza: lo habían matado por hacer su trabajo. Pero el avance de la causa empezó a arrojar nombres, y algunos de ellos con uniforme.
Desde “la mejor del mundo” para hacer referencia a la Policía bonaerense hasta el “me tiraron un muerto”, ambas frases de Eduardo Duhalde, el crimen golpeó rápidamente al entonces gobernador, que desarticuló la fuerza y la dividió en diferentes partes para atomizar su poder.
Como suele pasar en estos casos, la búsqueda de “perejiles” ganó los primeros días de la investigación. La apuntada por la Bonaerense fue Margarita Di Tullio, alias “Pepita la pistolera”, quien manejaba cabarets en las zonas turbias de la costa. También otros rufianes de bajo vuelo. De hecho, en la casa de uno de ellos apareció un revólver calibre 32. Todo cerraba para la Policía, que buscaba “seducir” al juez. Pero cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.
Sin embargo, a 312 kilómetros de Pinamar, Rubén de Elía, un empleado estatal que vivía en el barrio Los Hornos se convirtió en un testigo clave que le permitió dar un giro a la causa. Vecino de “los Horneros”, fue uno de ellos, Auge, quien al otro día del crimen le confesó lo sucedido; que habían participado del homicidio del fotógrafo bajo las órdenes de Prellezo.
Aguantó ese secreto lo que pudo, pero la culpa de saber todo pudo más. El 1° de febrero habló con quien era su jefe político, el entonces senador provincial justicialista Carlos Martínez. Y recién a principios de abril se encontró con Duhalde, en la quinta de San Vicente. Su testimonio fue filmado y las cintas fueron aportadas a la causa.
La puerta abierta hacia Prellezo llevó a Gregorio Ríos, el jefe de custodios y uno de los hombres de confianza de Yabrán. Gracias al entrecruzamiento de llamadas, se detectaron unas 2200 comunicaciones entre el ex sargento, el empresario, oficinas del Gobierno e, inclusive, unas 200 de ellas a Elías Jassan, el ministro de Justicia de Carlos Menem. La trama de poder hizo que el funcionario renunciara hacia junio de 1997, en medio de un gran escándalo. También se supo que el propio jefe de la comisaría de Pinamar, Alberto “la Liebre” Gómez, había “liberado la zona” para que Prellezo y “los Horneros” ejecutaran su plan. Otros policías de Pinamar, como Sergio Camaratta y Aníbal Luna, también quedaron dentro del círculo de los acusados y fueron a juicio por hacer “inteligencia” y seguir a Cabezas en sus movimientos.
La detención de Ríos en mayo de 1998 fue la última alerta para Yabrán. El próximo sería él. Días después, cuando el juez había dictado su captura, el empresario escapó y permaneció cinco días prófugo hasta que dieron con él en su estancia San Ignacio, en Entre Ríos. Cuando tocaron el picaporte de la habitación del casco para detenerlo, retumbó allí un disparo de una escopeta 12/70. El cuerpo de Yabrán, con su cabeza destruida, estaba tendido en el piso del baño.
El dueño de OCA, considerado el autor intelectual “mediato” del crimen, fue el único que evitó el juicio que terminó en febrero de 2000, y en el que la Cámara de Apelaciones de Dolores condenó a Prellezo, Luna, Camaratta y Ríos a reclusión perpetua, mientras que a “los Horneros” (Auge, Braga, Retana y González) a prisión perpetua. En un segundo juicio realizado en 2002, Gómez, comisario de Pinamar en el momento del homicidio, fue condenado a perpetua por liberar la zona.
Gracias a un polémico fallo del Tribunal de Casación bonaerense, un cambio de carátula y el beneficio del 2×1, todos comenzaran a salir antes de cumplir la mitad de la pena. Entre 2004 y 2010, “los Horneros” y los ex policías recuperaron la libertad, excepto Prellezo, que lo hizo en 2017; mientras que Camaratta murió en 2015 por una enfermedad. Ya sin nadie tras las rejas, el “no se olviden de Cabezas” sigue retumbando cada 25 de enero, pese a que la Justicia muchas veces se olvida de las víctimas.
Fuente: DIB
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