El proyecto plantea la «responsabilidad social extendida» del productor, y es pionero en incluir a la economía social en la solución al problema mundial de la basura.
Política y Economía01 de diciembre de 2021 Redacción
Impulsado desde el Poder Ejecutivo y presentado con la firma del Presidente, elaborado por el Ministerio de Ambiente junto a una gran cantidad de organizaciones sociales, vinculadas tanto a la defensa cartonera como del medio ambiente, el proyecto de Ley de Envases con Inclusión entró al Congreso con gran apoyo institucional y social, pero fue fuertemente cuestionado por la oposición y las empresas.
La iniciativa prevé que el productor que pone un envase en el circuito de consumo tiene una responsabilidad social extendida sobre eso que está lanzando al mercado. Por eso, establece que paguen una tasa de hasta el 3% del valor del producto, de acuerdo a diversas variables, entre ellas cuán reciclable es el envase: cuanto más “amigable con el ambiente” es, menor es la tasa que se le aplica.
El diputado nacional por el Frente de Todos (FDT), Leonardo Grosso, defendió hoy el proyecto y sostuvo que hay un interés muy fuerte de las empresas “por no hacerse cargo del daño ambiental” y que algunos legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) “defienden esos intereses”.
“Hay un interés muy fuerte de las empresas por no hacerse cargo del daño ambiental que provocan. El objetivo final de la ley es que modifiquen los hábitos de producción para reducir el impacto de nuestro ambiente”, afirmó en declaraciones a la emisora FM La Patriada.
En ese sentido el diputado recordó que la tasa se aplica “en función de lo dañino al ambiente y a la salud humana” y que si las empresas cambian su producción “no pagan tasas o pagan menos”.
“A eso se resisten furibundamente la Cámara de Comercio de Estados Unidos que escuchamos la semana pasada decir que era un impuestazo junto el coro de diputados y diputadas de JxC porque cuando la cámara dice algo, ellos tienen que hacer eco a los cinco segundos y salir a defender los intereses de sus patrones”, subrayó.
Además el titular de la comisión de Ambiente de Diputados detalló que en el país se producen “50 mil toneladas diarias” de basura y que el 20% podrían reutilizarse y agregó que el proyecto contempla la inclusión social ya que con lo recaudado se “financia un sistema de reciclado a través de cooperativas”.
“El otro sector que se resiste son los productores de alimento de Argentina, el Copal a la cabeza, que lo hace por una posición política más que objetiva concreta porque en otros países de Europa o del mundo pagan esta tasa”, apuntó.
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